En consideración de Ximena Tapias, Presidente de la UCEP, esta podría ser la situación del país de prosperar la iniciativa recientemente radicada por el representante Rodrigo Lara del proyecto de Ley “Por medio de la cual se crean medidas para regular la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes”.

 

Mayo de 2017.

 

En nuestro país, el legislador y la doctrina Constitucional, le han conferido los menores de edad una capacidad relativa para diversas actividades que demandan mayor grado de riesgo que la elección de un producto o servicio de consumo, como por ejemplo, el matrimonio.

 

Sin embargo, mediante el proyecto mencionado, no solo se busca la total prohibición de toda actividad de investigación de mercados, mercadeo, publicidad o promoción dirigida a niñas y niños, entendidos como los menores de 12 años; sino que se pretenden regulaciones extremas para la publicidad dirigida a adolescentes (de 12-18 años), sin consideración siquiera a la categoría de producto o servicio  lo que conduciría a la imposibilidad de éstos de recibir información comercial y adoptar decisiones de compra.

 

Para la UCEP el consumidor – los menores lo son- es la razón de ser del discurso publicitario y su protección, un objetivo esencial de los límites a la libre expresión y de la exigencia de ejercerla de manera responsable. Sin embargo, en aras de ese objetivo legítimo, los excesos proteccionistas no se traducen en un beneficio real para el consumidor. 

 

En razón de la iniciativa parlamentaria, la UCEP ha expuesto ante el autor del proyecto los argumentos en los que sustenta el desacuerdo de la asociación  por razones de orden Constitucional que permiten identificar que la propuesta excede la razonabilidad y proporcionalidad que debe acompañar a las decisiones de restricción de derechos fundamentales, tales como el de la libre expresión y la libre empresa, las razones de eficacia de la medida que permiten plantear que la imposición de restricciones y prohibiciones de anunciar, limitan el derecho a informarse adecuadamente sobre bienes y servicios sin que eso se revierta en un beneficio para el consumidor y las razones de industria que permiten solicitar el  ejercicio de la responsabilidad social por vía de la autorregulación, como un modelo de Estado que debemos preservar. 

 

El proyecto de ley ha sido radicado y la UCEP, en trabajo conjunto con las asociaciones que integran la Coalición Colombiana de Industrias Culturales y de Contenidos, se encuentran estructurando una estrategia conjunta de acción para hacer conciencia de lo excesiva e inconveniente de la iniciativa.